Se refirieron a las condiciones de vida en los asentamientos porteños. Y pidieron escuchar a la gente. También, acciones comunes de la Nación y la Ciudad.
Por: Sergio Rubin
En línea con la preocupación social de la Iglesia, los sacerdotes de las villas de emergencia porteñas advirtieron ayer que "la deuda social es enorme". Y consideraron que "un camino para alcanzar una mayor justicia social" es que los vecinos de los asentamientos "sean escuchados" por el Gobierno de la Ciudad ante la necesidad de definir con la oposición -y en coordinación con la Casa Rosada- políticas de Estado para mejorar esos barrios.
"Si realmente queremos pagar la deuda social en los barrios más pobres de la ciudad, la celebración del Bicentenario (de 2010 a 2016) se presenta como una gran oportunidad", afirman los curas villeros en un documento. Y señalan que son "necesarios más allá de las diferencias políticas, el diálogo, el consenso y las acciones comunes entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad".
El texto, de cuatro carillas, titulado "Celebrar el Bicentenario en la Ciudad de Buenos Aires (2010/2016)", fue difundido ayer en la parroquia Cristo Rey de la villa 31 de Retiro. Su lectura se hizo antes de una misa que ofició el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia -que encabeza el padre Pepe Di Paola- a 36 años del asesinato del recordado padre Carlos Mugica.
La declaración fue la segunda que difundieron los curas villeros ante el debate sobre el futuro de los asentamientos y la necesidad de que, en ese proceso, sean tenidos en cuenta sus habitantes. Ya en 2007, tras el triunfo como jefe de Gobierno de Mauricio Macri, los sacerdotes habían dicho que, más que urbanización, preferían hablar de integración de las villas con la ciudad, respetando la cultura de sus pobladores.
Ahora, así como los obispos dicen que el Bicentenario debe ser una oportunidad para vencer la pobreza, los curas villeros sostienen que este período debe servir para mejorar las villas. "Que sea el Bicentenario de la integración", dicen. Creen que, al igual que el "bajo pueblo" tuvo un papel destacado en la emancipación, en el Bicentenario también debería tenerlo -junto con los pobladores de países limítrofes- en la mejora de los asentamientos.
Tras destacar la "enorme riqueza cultural" que aportó la llegada de familias del interior y de países limítrofes a las villas, con su creencia en Dios, su solidaridad y deseo de progresar, afirman que sus habitantes son marginados. Señalan que dos factores impiden sobre todo la integración y tienden a deslegitimar todo derecho a vivir en ese sector: el privilegio del lucro al derecho a la vivienda y la falta de valoración de su cultura popular. Dicen que, además, "se da de hecho una enorme desigualdad de oportunidades respecto de otros barrios".
Por eso, consideran que "en primer lugar es preciso escucharlos, son vecinos de la ciudad, no se puede ocupar su lugar dejándolos al margen de las decisiones, sobre todo en temas que afectan directamente su vida. Para nosotros los pobres son sujetos de su propio destino, de su promoción humana integral".Tras recordar que "en muchos casos el verdadero 
urbanizador ha sido el vecino común de la villa, haciendo habitable un basural o rellenando una laguna", sostienen que la escucha debe ser "sincera y eficaz. Este tipo de escucha ayudará a bajar los niveles de enojo y de violencia que a veces vemos en los barrios". Y que "no basta conocer el barrio a través de los punteros políticos, ni de la televisión o de los diarios. No alcanza porque aquí estamos hablando de que se desatienden los derechos más elementales: a la alimentación, al acceso al agua, a la educación básica, al cuidado de la salud, a una vivienda digna.". En cuanto a la implementación de estos pedidos, agregan que se necesita alguien en el Ejecutivo porteño que tenga "la mirada del conjunto de estas aspiraciones de los vecinos" y logre articular "la necesaria participación de distintos ministerios y áreas del Estado".
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